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Futura jueza de paz: Más dudas que certezas en Capilla del Monte

Portación de apellido, amistades políticas y acuerdos con el gobierno local y regional son algunos de los puntos que remarcan contra el nombramiento de Agustina Pelliza al cargo de jueza de Paz.

Hijos de, parientes de, amigos de, son algunos de los puntos que generan muchas dudas en el orden de mérito que se publicó en el Boletín Oficial. Pero detrás de esa descripción, son muchos los elementos que algunas de las personas que concursaron califican como graves expresando que se afectó la transparencia de proceso de selección. ¿Qué se discute cuando se duda del futuro nombramiento de Agustina Pelliza como jueza de paz y del orden de mérito?

A poco de conocerse el listado de orden de mérito que tuvo como figura elegida a Agustina Pelliza, martillera y ex trabajadora de INTI, algunas de las personas que estuvieron en el concurso expresaron sospechas en la modalidad de elección que la tuvo a ella en primer lugar y a Julio Carballo en segundo lugar.

Un comunicado emitido de manera conjunta y dirigido a la junta de clasificación y selección de jueces de paz señala que «Capilla del Monte quiere saber cómo fue el proceso de selección»

En relación al primer lugar obtenido por la joven de 37 años las dudas están en lo que califican como «excesivo puntaje», al tiempo que hacen referencia a la cercanía con funcionarios: hija del ex juez de Paz Carlos Pelliza, sobrina del Secretario de Salud, Gerardo Guerra y cuñada de la secretaria de hacienda.

Por otra parte, en lo que respecta a Julio Carballo, ubicado en el segundo lugar del orden de mérito elaborado por la Junta de clasificación, recuerdan que el el Concejal Radical había sido protagonista de expresiones racistas: «que la pandemia haga una limpieza étnica» con denuncias ante el Inadi.

«Julio tiene dos puntos de antecedentes en cuanto a lo que es experiencia. Y sin embargo fue el que quedó segundo. El mayor puntaje lo consiguió en la entrevista y, oh casualidad, es al que le dieron más tiempo en la entrevista»

El comunicado también hace referencia a la ex intendenta de San Esteban, de quien señalan haber llevado adelante una serie de malos tratos, endeudamientos millonarios y abusos de poder.

Fueron más de veinte aspirantes entre los que se destacan abogados/as y profesionales con amplia trayectoria en lo público y privado. El comunicado remarca que «quedaron muy por debajo de estos «seleccionados» que tienen más apellido, amistades políticas y acuerdos con el gobierno local y regional que capacidad, formación y experiencia»

Numerosos testigos dialogaron con nuestro medio a fin de dar a conocer lo que consideran como irregularidades que ameritan la anulación total del procedimiento.

La junta de calificación se creó hace unos años a fin de dar transparencia al proceso de selección, evitando que los nombramientos se realicen por un cargo político, como es el caso del juzgado de faltas.

Está conformada por el Poder Legislativo y el Tribunal Superior de Justicia. «Este camino permitió jerarquizar el proceso asegurando que la persona que ocupe ese cargo sea la idónea, capacitada y con reconocimiento territorial, ya que lo que más legitima al juez de paz es el reconocimiento de la comunidad como un referente, una persona que actúa como amigable componedor», señaló a nuestro medio Leticia Díaz, una de las concursantes.

«La mayoría de lo que son abogados fueron asignados con el mismo puntaje y ninguno alcanzó el mínimo para la lista de orden de mérito», remarcaron.

Siete postulantes presentaron de manera conjunta el mencionado recurso de reconsideración, solicitando la nulidad del proceso. En el mismo remarcan que no se cumplieron varios de los requisitos que exige la ley (9449), en particular la instancia de publicidad de las listas a nivel masivo local para la consideración de la opinión pública, así como tampoco la lista de orden de mérito.

La convocatoria se había abierto a entre mayo y junio del 2024, momento en el que las personas aspirantes debían presentar documentación que acreditara fundamentalmente la residencia en la jurisdicción, certificación de todos los títulos, CV comprobable, antecedentes penales y policiales, capacitación ley Micaela (violencia de género), no estar inscripto en registro de deudores alimentarios, etc. «Todo llevo mucho tiempo y dinero. Nos dieron un mes para presentar todo», remarcó una de las personas aspirantes al cargo.

«Después de eso, se nos notificó que habíamos sido admitidos en el concurso y debíamos pasar a otra instancia en la que tuvimos que presentar nuestro currículum vitae, el cual debía reflejar nuestra experiencia y formación. La ley no exige necesariamente que la persona que se presente al concurso sea abogada; dice preferentemente, pero también se acepta otra formación. El currículum y toda la documentación presentada se evaluaron para armar una orden de mérito, con un puntaje asignado según la experiencia en trabajo gubernamental, público, privado, y si se poseía un título universitario o si ya se había sido juez de paz. Se asignó un puntaje y se ordenó a los postulantes. Posteriormente, se realizó la entrevista personal, donde se evaluó si cada aspirante conocía todas las competencias e incumbencias de un juez de paz», aclaró por su parte Leticia Díaz.

La entrevista estuvo a cargo de Leandro Federico Goria, Zully del Valle Risso, Luis Leonardo Limia, Ileana Quaglino y Daniela Soledad Gudiño. Se realizó a fines de noviembre en el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Córdoba, de manera individual. Según cuentan los testigos la duración de la misma fue muy breve a excepción de quien salió segundo en el orden de mérito. El resto duró 10 minutos aproximadamente y no se profundizó en el conocimiento que tenían las personas entrevistadas.

Un punto en el que las personas consultadas coincidieron es que los puntajes fueron muy bajos, dejando afuera muchos antecedentes. Entre ellos el caso que más llama la atención es el del Sr. Julio Carballo que tenía uno de los puntajes más bajos y sin embargo terminó segundo tras una entrevista larga, en duración, tres veces superior al tiempo que se les dio al resto de las personas. «Una entrevista que pareció a medida», señalan.

«Nos informaron que en aproximadamente quince días se darían a conocer los resultados. Sin embargo, para nuestra sorpresa, una semana después recibimos la notificación con un acuerdo fechado el mismo día de las entrevistas, lo que indica que la junta estuvo trabajando hasta tarde ese día, o que ya estaba arreglada»

Esta situación generó inquietud debido a que las personas que recibieron los puntajes observaron que a pesar de tener formación universitaria y experiencia laboral, algunos puntajes eran muy inferiores a los de otros aspirantes. «Nos preguntamos sobre la experiencia de quienes ocuparon los primeros lugares y solicitamos que la justifiquen, ya que somos pocos y nos conocemos en el ámbito territorial», expresó una de las testigos.

El juez de paz no solo se encarga de certificar firmas; es un magistrado constitucional y el primer acceso a la justicia para los vecinos. Tiene competencias importantes, como habilitar allanamientos y detenciones, y su rol es fundamental en la localidad.

«Fuimos citados entre las 9 y las 15. En mi caso, fui citada a las 11, pero me llamaron recién a las 12:50 y la entrevista duró apenas siete minutos. La entrevista fue muy breve y superficial, a pesar de que nos habíamos preparado con un manual extenso sobre todas las incumbencias del juez de paz. Nos enfrentamos a un examen que esperábamos riguroso, pero resultó ser superficial. En la orden de mérito final, algunas personas estaban por encima de mí, a pesar de que su puntaje por currículum era inferior».

Quienes dialogaron con nuestro medio coincidieron en la superficialidad del proceso tanto en lo que fue la profundidad de la entrevista presencial como en la valoración del currículum, señalando que en numerosos casos no se le dio puntuación a elementos que consideran importantes para la formación en el cargo. Además, no dudaron en mencionar que había presión política sobre los cuatro que iban a ocupar los primeros lugares. «Claramente la lista estaba desde antes», expresó una de las entrevistadas.

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«Yo manifesté mi preocupación porque el puntaje que me otorgaron no reflejaba mi experiencia laboral. Soy actualmente secretaria de Gobierno de la Municipalidad de San Esteban y tengo una amplia trayectoria en la administración pública y en ONG. Sin embargo, el puntaje recibido estaba muy por debajo de lo esperado. Se nos aseguró que la entrevista personal era una oportunidad para demostrar nuestra experiencia, pero no fue así. No nos dieron espacio para ello», sostuvo Leticia Díaz.

Algunas de las personas que quedaron fuera de los primeros lugares comenzaron una serie de reclamos, comenzando por el reclamo individual, continuando con un recurso colectivo y continuando con el envío del mismo pedido a la Legislatura y al Ministro de Justicia.

«Queremos que se nos escuche, ya que Capilla del Monte necesita un juzgado de paz que funcione efectivamente, y que ese juez sea elegido conforme a la ley y con la capacidad necesaria»

Otra de las testigos afirmó que una de las cosas que más le llamó la atención que la diferencia de puntajes que se dieron «fue muy variada. Y además, a muchas personas no se les computó la experiencia en Gobierno», al tiempo que señaló que «No hubo una publicación oficial. La ley dice que los ciudadanos tienen el derecho de conocer. Lo deberían haber publicado en el juzgado de paz, en medios de comunicación. Todo eso no se hizo y llamó mucho la atención»

«Me preguntaron por mi vida personal y qué hacía laboralmente. Después tres preguntas técnicas. Pude responderlas. Pero en algunos casos parecían preguntas al hueso, más que darnos la posibilidad de desarrollar la idoneidad que teníamos para asumir el cargo»

Señalan que también llamó mucho la atención que habiendo muchas personas con título de abogados/as y que la legislación dice que preferentemente tienen que serlo, sólo una haya quedado en el orden de mérito, pudiendo ser más».

El recurso de reconsideración debería frenar las pretensiones de nombramiento y lo que podría considerarse como juego político que llevó a Pelliza y Carballo al podio. Todos los testigos aclararon que aún no recibieron respuesta pero que todavía se está a tiempo para ello:

«Están todavía dentro del plazo para responder el recurso. Imaginamos que no se va a tratar ahora. Si la provincia decreta el decreto administrativo podría llegar a salir recién en febrero. Imaginamos que en la sesión del 27 de diciembre de la legislatura no debería salir el nombramiento, ya que está este recurso de reconsideración. Pero si sale el nombramiento confirmaría nuestras sospechas», remarcó un testigo.

Los números

De los 40 puntos máximos que se podían obtener por CV y antecedentes ninguna de las personas alcanzó el 33%, siendo Mirtha Ríos la que más obtuvo, 11,49 puntos. Julio Carballo quedó en esa lista número 23, mientras que Agustina Pelliza obtuvo 7,06 puntos.

Julio Carballo tenía 2 puntos y alcanzó los 57 en la entrevista. Es decir, que le asignaron casi el 100% de la entrevista, mostrando, supongamos, una performance muy superior a su puntaje por CV. También obtuvo un elevado porcentaje en la entrevista la persona elegida, es decir, Agustina Pelliza (58 puntos sobre un máximo de 60)

¿Qué dice el recurso de reconsideración presentado?

El citado recurso de reconsideración hace referencia a la necesidad de revocar y dejar sin efecto ambas
resoluciones por arbitrarias, infundadas, irrazonables y por haberse alcanzado sin cumplimentar el proceso que establece la ley provincial N° 9.449.-

El texto señala que la convocatoria al concurso no se cumplimentó en los términos del art. 18 de ley 9.449. En específico, lo que respecta del inc g) por el cual se exige obligatoriamente que debe enumerar “las distintas etapas del proceso señalando en lo posible la fecha en las cuales se llevarán a cabo la evaluación, calificación y publicidad del orden de mérito y opinión pública vecinal”.

En segundo lugar enfatiza en el hecho de que la Junta incumplió con la etapa de publicidad de la lista de aspirantes a través de los medios de comunicación local que garanticen una amplia difusión en toda el área de
competencia del Juzgado de Paz que se trate, implicando el incumplimiento de sus propias atribuciones: j) Publicitar, en los lugares que corresponda, el orden de mérito respectivo; k) Comunicar la lista de postulantes a los fines que los ciudadanos del lugar objeto de la convocatoria puedan expresar apoyos u observaciones Mucho menos se difundió, por ningún medio oficial local o no oficial, la lista de
postulantes declarados admisibles/inadmisibles, la calificación de los antecedentes de los concursantes, ni el posterior puntaje otorgado por la Junta de Calificación y Selección a la Entrevista Personal de los mismos.

Agrega además que ni siquiera fue publicado el orden de mérito resuelto, soslayando el derecho de todos los ciudadanos de Capilla del Monte a un concurso transparente, legal, imparcial y ecuánime de selección de Juez de Paz.

«Por ningún medio oficial local o no oficial, la lista de postulantes declarados admisibles/inadmisibles, la calificación de los antecedentes de los concursantes, ni el posterior puntaje otorgado por la Junta de Calificación y Selección a la Entrevista Personal de los mismos (…) soslayando el derecho de todos los ciudadanos de Capilla del Monte a un concurso transparente, legal, imparcial y ecuánime de selección de Juez de Paz»

En primer lugar, es relevante destacar -expresa el texto- que quien ocupa el primer lugar en el orden de mérito, la Sra. Agustina Pelliza, es hija del ex juez de paz que ejerció durante un extenso período en la localidad y, además, familiar directa de funcionarios del Ejecutivo municipal, lo que genera serias dudas sobre la transparencia y objetividad del proceso de selección.

Por otro lado, respecto del concursante ubicado en el segundo lugar del orden de mérito, el Sr. Julio Carballo, su calificación resulta alarmante. «Existen numerosas referencias en redes sociales que incluyen notas periodísticas y audios viralizados en los que el mencionado emite expresiones de carácter discriminatorio. Por estos hechos, el Sr. Carballo fue suspendido de sus actividades partidarias, se solicitó
su exclusión como dirigente del partido UCR, y fue denunciado ante el INADI. A la fecha, continúa siendo objeto de rechazo social en la comunidad, lo que evidencia un fuerte cuestionamiento a su idoneidad para el cargo a cubrir»

En lo que refiere a la cuarta persona figurante en el Orden de Mérito, la Lic. Mirtha Alicia Ríos, «fue intendenta de la localidad de San Esteban durante 16 años, en donde la reconocen como la “peor intendente de la historia”, conocida por los hechos de violencia ejercidos para con los empleados ella y sus eventuales parejas que ocupaban cargos jerárquicos, dejando a la Municipalidad de San Esteban diversos juicios, entre los que se destacan juicios laborales por el maltrato mencionado».

«La falta de motivación y fundamentación razonable en el procedimiento de selección, sumada a la arbitrariedad y ausencia de criterios objetivos en la evaluación de méritos, pone de manifiesto que la resolución adoptada por este Tribunal resulta injusta, irrazonable y contraria a la legalidad»

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